Paco Colmenares
El pasado 29 de septiembre, el diputado Manuel Talayero, del Partido Verde, presentó una iniciativa que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. La propuesta busca establecer un marco específico para albergues, refugios, hogares temporales, personas rescatistas independientes y asociaciones protectoras, como parte de una nueva regulación de albergues en la ciudad.
Entre sus principales modificaciones incorpora definiciones legales diferenciadas para estas figuras, así como para los denominados “animales de difícil adopción”, los colectivos de protección y el hacinamiento, entendido como la permanencia de animales en condiciones que, por número, especie, tamaño, edad, estado fisiológico o necesidades etológicas, limiten su movilidad, descanso, acceso a recursos esenciales o expresión conductual y comprometan su bienestar, salud o integridad.
La propuesta establece un Registro de albergues, refugios, hogares temporales, personas rescatistas independientes y asociaciones protectoras en cada una de las 16 alcaldías, cuya inscripción sería gratuita y estaría condicionada al cumplimiento de requisitos básicos de bienestar animal. También plantea nuevas facultades para las autoridades, como emitir normas, indicadores y lineamientos técnicos de evaluación y operación; realizar verificaciones; otorgar reconocimientos; brindar asistencia técnica y promover capacitación y estímulos.
¿Qué cambiaría para refugios y rescatistas?
La iniciativa plantea que las alcaldías incorporen previsiones presupuestales para acciones y apoyos dirigidos a estos actores, sujetas a la disponibilidad presupuestaria. Además, propone crear un “Comité Consultivo de Bienestar Animal” en cada demarcación, integrado por autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la medicina veterinaria, con funciones de consulta, coordinación, formulación de recomendaciones y seguimiento de políticas públicas.
En materia operativa y sanitaria, la iniciativa establece obligaciones específicas para los albergues, como evitar el hacinamiento, adoptar medidas de reubicación, proporcionar condiciones compatibles con los cinco dominios del bienestar animal y disponer de servicio médico veterinario rutinario, entre otras propuestas.
Desde el ramo de los protectores, aparecen varios puntos importantes.
Por primera vez intenta reconocer algo que quienes rescatan animales conocen bien: un refugio no puede sostenerse solamente con buena voluntad. Es positivo que se reconozcan figuras como los hogares temporales y los rescatistas independientes, que se establezca un registro y, sobre todo, que se proponga acceso a esterilizaciones, vacunación, desparasitación, capacitación y apoyo veterinario.
También es importante que se reconozca a los animales de difícil adopción y que se hable de bienestar físico y emocional, no solamente de mantenerlos vivos.
Sin embargo, uno de los principales retos de esta regulación de albergues aparece cuando se analiza cómo podrían cumplirse estas nuevas obligaciones.
El reto: ¿quién va a financiarlo?
El problema, como en muchas de estas propuestas, es que no deja completamente claro quién va a financiarlo.
Se pide evitar el hacinamiento, tener atención veterinaria rutinaria, expedientes individuales, personal capacitado y protocolos de bienestar. Todo eso está bien, pero la pregunta es qué pasa cuando un rescatista tiene veinte animales que nadie quiere adoptar, no tiene dinero para otro espacio y tampoco existe un lugar disponible para reubicarlos, sin una red real de hogares temporales, adopciones, esterilización y apoyo público.
Y desde la perspectiva veterinaria, también hay varios elementos que resultan positivos.
Por ejemplo, se propone que estos espacios cuenten con atención médico-veterinaria rutinaria, que cada animal tenga un expediente clínico individual y que se consideren no solamente sus condiciones físicas, sino también su bienestar emocional y sus necesidades de comportamiento.
También se contempla la participación de médicos veterinarios, universidades y autoridades para fortalecer la atención, la esterilización, la vacunación y las campañas de adopción.
Otro punto relevante es que la iniciativa busca combatir el hacinamiento, pero no lo define simplemente por el número de animales. Considera factores como el espacio disponible, las características de cada especie y las posibilidades de que los animales tengan acceso a los recursos y condiciones que necesitan.
La responsabilidad veterinaria dentro de un albergue
Pero hay una pregunta delicada: ¿quién asumirá la responsabilidad profesional cuando algo salga mal?
Un albergue es un escenario completamente distinto a una casa o un tutor con sus propios perros, y hoy en día hay graves discusiones aún en esas condiciones más sencillas.
El albergue, dependiendo de su tamaño y complejidad, se vuelve casi un ecosistema, en donde las condiciones pueden equilibrarse, pero también pueden derrumbarse de un momento a otro con contagios o durante la ventana de un diagnóstico no tan claro.
Si un veterinario debe supervisar expedientes clínicos, tratamientos y condiciones de bienestar, es indispensable definir claramente cuáles serán sus atribuciones, sus recursos y también los límites de su responsabilidad.
Esta parte será especialmente importante en la discusión sobre la regulación de albergues, ya que establecer obligaciones profesionales sin definir con precisión los recursos, atribuciones y límites de responsabilidad podría generar nuevas cargas sin resolver las condiciones estructurales que enfrentan estos espacios.
¿Regular significa sancionar o ayudar?
Finalmente… Si un refugio no puede cumplir las nuevas condiciones, ¿la respuesta será sancionarlo o ayudarlo a regularizarse?
Cerrar o excluir del registro a un refugio que ya está saturado no desaparece a los animales, y ya vimos el circo mediático que puede darse ante un decomiso, “rescate” o traslado grande de animales de un refugio.
Si no queda claridad en ese protocolo, mientras se arman los dimes, diretes y demandas —como ocurrió entre el Franciscano, Haghenbeck y los partidarios de ambas facciones—, los animales no se “salvan”: simplemente se traslada el problema a otro lugar. Por eso, el verdadero desafío de esta iniciativa no está solamente en establecer nuevas obligaciones, sino en construir la red que permita cumplirlas.
Veterinarios, refugios, hogares temporales, universidades, autoridades y programas de adopción necesitan funcionar como un sistema.
La iniciativa tiene una buena intención y varios elementos técnicamente valiosos, pero sin claridad presupuestal, ¿vamos a profesionalizar y fortalecer a quienes rescatan animales, o solamente vamos a pedirles que hagan más cosas con los mismos recursos que tienen hoy?
Esa va a ser la diferencia que puede determinar si esta reforma realmente mejora la vida de los animales o se queda solamente en el papel.
